Cuba: La compleja coyuntura
Haroldo Dilla

El mundo no es sencillo. No es explicable en los dos tonos contrapuestos que hacen las delicias de los pensamientos simples. En verdad nunca lo ha sido, pero lo es hoy menos que nunca. Y no hay razones para creer que Cuba sea una excepción. Nuevamente la isla caribeña se ha colocado en un plano relevante de los debates mundiales, sea porque duele como duele a Eduardo Galeano; porque se lleve siempre en el corazón, como advierte Díaz Polanco; porque invita al desplante de «quedarse» al estilo de José Saramago; o porque siempre está, según el decir del locuaz James Petras «en la primera línea de todas las luchas». No es en verdad una situación absolutamente nueva. Varias generaciones de cubanos han experimentado por décadas el exaltante placer de ver a su país desempeñar roles internacionales que sobrepasan con mucho las dimensiones de la isla, lo que probablemente explica la alta autoestima que los cubanos y cubanas pasean por el mundo. Sólo que ahora no se trata de muchas medallas olímpicas ni de sonadas victorias militares, sino del desencadenamiento de hechos lamentables que han colocado al país en una situación defensiva en un contexto internacional particularmente adverso.

Los hechos son perfectamente conocidos y me limito ahora a describirlos sin más comentario. El 18 de marzo de 2003 fueron detenidos 32 activistas de la fragmentada oposición organizada, todos los cuales habían estado en una reunión con el nuevo jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana. Al día siguiente fueron detenidos otros 33, acusados de recibir dinero del gobierno norteamericano o de agencias de éste, y así sucesivamente hasta el número de 75 detenidos. En 29 juicios sumarios, celebrados en el curso de unos pocos días, estas personas fueron condenadas a penas oscilantes entre 6 y 28 años. Al mismo tiempo se habían producido dos secuestros de aviones con pasajeros por parte de ciudadanos deseosos de emigrar y acogerse a la Ley del Ajuste Cubano, que otorga a los cubanos que pisan suelo estadounidense el derecho al asilo y en un año también la residencia. El 2 de abril de 2003 un grupo de personas, en su mayoría jóvenes, secuestró una de las endebles lanchas que hacen el cruce de pasajeros entre diferentes puntos de la bahía de La Habana, y tomó destino norte. La lancha quedó varada sin combustible a 45 kilómetros de Cuba y fue remolcada a puerto cubano. Los secuestradores iban armados pero no hicieron daño a ningún rehén. Fueron capturados el día 4, procesados mediante juicios sumarios el 8, y tres de ellos fusilados el día 10 de abril; en el tiempo galáctico de una semana.

Cuanto menos fue una condensación represiva poco usual. Las reacciones resultaron diversas, provocando entre intelectuales y políticos de izquierda una intensa escaramuza de artículos, proclamas y opiniones que indicaban un amplio espectro de posiciones delimitado por dos acotaciones extremas: la condena unilateral a la represión o el apoyo incondicional a las políticas del gobierno cubano frente a la injerencia americana, sea aceptando como legítimos los encarcelamientos y fusilamientos o simplemente omitiéndolos de toda consideración. La prensa cubana, por su parte, sólo recogió la parte favorable del espectro y endilgó a todo el espacio crítico restante dos posibles calificativos –confundidos o traidores–, y en cualquier caso, cómplices de la agresión mediática imperialista. Un funcionario cultural, en un evidente tránsito desde «el exceso de virtud al desenfreno del pecado», sintetizaba así su posición:

En el sustento ideológico de la campaña anticubana... que los medios al servicio del imperio amplifican con pérfida fruición, tiene lugar la coincidencia entre individuos que se formaron tradicionalmente en las izquierdas y aquellos que, desde el respaldo inequívoco al orden capitalista, nos ofrecen la limitación de la soberanía como una solución. Unos y otros protagonizan una elemental consecuencia de la supremacía imperial y su dominación mediática: oponer a la Revolución la supuesta condición libertaria de las esencias del capitalismo. (Fernando Rojas: «Rosa, Vladimir, las derechas y las izquierdas» en http://www.lajiribilla.cubaweb.cu)

O sea, que por decreto del inspirado funcionario, la izquierda pasa a ser derecha, la derecha se queda en su lugar y todos se convierten en mercenarios mentales del imperio. Sólo olvidó mencionar a Judas y las 30 monedas de plata.

Los escenarios de la coyuntura
Desde mediados del último mandato de Clinton, y como una respuesta al evidente debilitamiento del bloqueo, el gobierno cubano comenzó a implementar una estrategia dirigida a ganar apoyos para administrar cualquier proceso de normalización de relaciones sin hacer concesiones políticas. Un pivote clave de esta estrategia ha sido incrementar las compras de productos agrícolas del medio oeste –un sector económico regularmente republicano– y por esta vía incentivar el apoyo de sectores empresariales norteamericanos interesados en el mercado cubano, eventualmente un lobby económico antibloqueo, muy efectivo en un país que prioriza a los clientes sobre los amigos. Otro pivote ha sido reforzar la alianza tradicional con los sectores políticos liberales y de izquierda, opuestos a la injerencia americana en la isla; un lobby menos efectivo pero de una alta carga simbólica para el mercado político interno.

Simultáneamente, y con vista a reagrupar sus bases políticas en tiempos difíciles, los dirigentes cubanos se empeñaron en una verdadera cruzada de movilizaciones, actos públicos, programas televisivos, etc., tomando como centro temas de profunda sensibilidad nacionalista, tales como el caso del niño Elián González o el actual encarcelamiento en condiciones francamente abusivas de cinco jóvenes cubanos acusados de espionaje en Estados Unidos. Con el tiempo, esta serie de acciones fue tomando cuerpo en lo que el presidente cubano ha denominado «la batalla de ideas», una justa reacción al predominio a escala mundial de la ideología mercantilista neoliberal, pero que contiene la contradicción de reclamar espacios alternativos al «pensamiento único» en el plano internacional, al mismo tiempo que entroniza un pensamiento único en el plano doméstico sin espacios para la discrepancia.

El ascenso a la Casa Blanca del team de halcones unilateralistas que preside George W. Bush, cambió las coordenadas del escenario. No tanto porque sea un grupo político de particular devoción derechista –un cruzado conservador como John Aschroft fue un activo opositor al bloqueo desde su anterior posición senatorial– sino por sus vínculos conocidos con el estado de lorida, y por la incorporación a sus filas de figuras con pedigríes dignos de los tiempos del Gran Garrote y firmemente ligados a la ultraderecha cubano-americana. Aunque en sus inicios el gobierno cubano se esforzó por mantener una posición de colaboración mucho más pragmática que la mantenida con la Administración predecesora, la Administración Bush/Cheney fue poco receptiva a las señales de La Habana. Sin embargo habría que reconocer que esta Administración ha hecho poco por endurecer las condiciones del bloqueo económico y por lo general se ha movido en la misma dirección que su predecesora, rumbo imprescindible si no quiere afectar sus bases políticas de granjeros y comerciantes agrícolas o crearse nuevas tensiones con sus aliados europeos y norteamericanos en torno de la cavernaria ley Helms-Burton. A cambio, ha incrementado su retórica agresiva, las transmisiones radiales y acentuado sus relaciones con los grupos de oposición interna, las principales concesiones a sus ruidosos partidarios del sur de la Florida.

Es en este contexto cuando llega a Cuba James Cason como jefe de la Oficina de Intereses de EE.UU. en La Habana. El comportamiento de Cason no ha podido ser más propio de un jinete de Teddy Roosevelt. Bajo su mando esta oficina arreció su relación con los pequeños grupos de oposición y organizó varias reuniones y talleres en su propia residencia, hechos estos últimos que catalizaron la acción represiva del gobierno cubano. La actividad de Cason merecería un análisis más cuidadoso. No sería absurdo pensar que Cason creyó que con su apoyo la oposición organizada podría rebasar su estado larvario y devenir en una fuerza decisiva de la política cubana, y por esa misma vía investir a EE.UU. con el estatus de actor interno de la política insular. Es un tipo de pensamiento simple y usual en las formulaciones norteamericanas; en última instancia habría que reconocer que la estupidez también tiene un lugar en la historia. Pero también cabe imaginar un diseño político más sofisticado en el que los disidentes fueron previstos como un «daño colateral» en una maniobra dirigida a provocar la represión y acentuar el aislamiento internacional de Cuba, particularmente en momentos cuando la Unión Europea abría su primera legación en la isla. Si fuera así, al menos parcialmente, Cason cumplió su objetivo amparado en el viejo axioma que afirma que en política todos los extremistas terminan dándose las manos, aunque lo hagan hablando en prosa sin sospecharlo, como el personaje de Moliere. No olvidemos que en los grupos opositores involucrados había varios agentes de la seguridad cubana, que no eran simples miembros, sino dirigentes superiores, y que uno de ellos fue el organizador de la reunión que detonó la situación. Una oficial infiltrada, que dirigía dos organizaciones y tenía un pase abierto para entrar en la oficina de intereses americana, afirmó que con el encarcelamiento de los 75 activistas se había acabado para siempre la actividad disidente en Cuba. Otro pensamiento simple que la prensa oficial cubana se ocupó de divulgar.

La respuesta del gobierno cubano a la reacción internacional adversa a los encarcelamientos y fusilamientos ha sido el endurecimiento de posiciones. Amparado en una supuesta inminente agresión militar norteamericana, ha anatematizado a todos los críticos culpándoles de potencial complicidad con los agresores, ha llamado a una solidaridad sin condiciones, ha arreciado al interior las convocatorias nacionalistas, y ha cerrado aún más el espacio del debate crítico. En diversas comparecencias públicas sus voceros han declarado que todos los opositores encarcelados eran peones del gobierno americano, presentando pruebas contundentes en algunos casos pero argumentos risibles en otros. Han declarado que la pena de muerte aplicada a los secuestradores fue una acción extrema dirigida a enviar un mensaje firme a Bush y evitar una crisis migratoria que alentara la agresión norteamericana, con lo cual también afirman –nuevamente en prosa– que el Estado cubano tiene la potestad de disponer de la vida de sus ciudadanos para enviar mensajes políticos a presidentes extranjeros. No menos significativa ha sido la reiteración de que todo fue un acto legal, pues las figuras del juicio sumario y de la pena de muerte existen en Cuba, así como la conocida ley 88 que prevé sanciones abrumadoras para delitos circunstanciales y sobre bases perceptivas, con lo cual solamente estaban diciendo –reiteradamente en prosa– que el sistema legal cubano es parte del problema [Las argumentaciones oficiales acerca de los procesos contra los opositores pueden encontrarse en la conferencia de prensa ofrecida por el canciller cubano y publicada bajo el título de No estamos dispuestos a renunciar a nuestra soberanía, Editora Política, La Habana, 2003].

De igual manera el gobierno cubano ha insistido en que todos los enjuiciados –secuestradores y opositores– han gozado de todas las garantías legales, lo cual es más que dudoso si tomamos en consideración que entre los momentos de detención y de enjuiciamiento transcurrieron lapsos de cuatro días a dos semanas, en todos los casos insuficientes para que un abogado organice adecuadamente la defensa y tenga oportunidad de discutir su proceso con el defendido. Por ello, antes de cualquier otra consideración, los opositores deben ser liberados y deben tener la oportunidad de un juicio justo.

Con los secuestradores fusilados, desafortunadamente, ya no queda casi nada efectivo por hacer. Por otra parte, si supusiésemos algún nivel de sofisticación intelectual en Cason, los encarcelamientos y los fusilamientos debieron provocarle una sonrisa de satisfacción por el deber cumplido.

Es un lugar común del discurso oficial cubano afirmar que migrantes y opositores comparten una misma causa de origen: la hostilidad norteamericana contra Cuba. En el primer caso porque la migración está determinada por la política norteamericana de alentar salidas ilegales mediante el atractivo de la Ley de Ajuste Cubano. En el segundo caso, porque el gobierno norteamericano es quien financia y organiza a la oposición. Veamos brevemente algunos de estos supuestos.

¿Por qué surge una oposición en Cuba?
No importa cuán creíble pueda resultar para el lector la información que brinda el gobierno cubano. No tengo dudas de que existen relaciones no sólo emotivas entre una parte de los opositores organizados y el gobierno norteamericano. Y si es así, el gobierno cubano tiene derecho a reprimirles por complicidad con una potencia enemiga, siempre que se cumplan las garantías jurídicas elementales. También hay que reconocer que la obstinada hostilidad norteamericana hacia Cuba condiciona las actitudes y los alineamientos de este sector político, como de cualquier otro actor doméstico, incluyendo al propio Gobierno. Y ello implica la necesaria imposición de acotaciones legales al funcionamiento de éstos o de otros grupos mientras existan las políticas hostiles que marcan el diferendo con EE.UU.

Pero no es serio creer que toda la oposición es un producto norteamericano ni que pueda ser calificada sin distingos como una «quinta columna al servicio del imperialismo», epíteto que ciertamente el gobierno cubano ha usado de manera desconsiderada contra sus críticos. En primer lugar, durante décadas el gobierno norteamericano ha tratado de fomentar grupos de oposición en Cuba como parte de su estrategia contra-revolucionaria. Durante los años 60 estos grupos mostraron una alta capacidad de beligerancia cuya máxima expresión fue la existencia de partidas de alzados en las montañas centrales de la isla por espacio de un lustro. Fueron derrotados no porque EE.UU. los dejara de apoyar ni porque el gobierno cubano realizara una briosa campaña militar antisubversiva, sino porque perdieron su base social. Virtualmente no hubo oposición interna en los 70 y 80 (a pesar de la hostilidad norteamericana), y si resurge en los 90 es porque existen condiciones sociales que la generan –quiebra de expectativas, frustraciones, empobrecimiento, la diversidad creciente del sujeto social, etc., entre otras posibles variables que escapan a los objetivos de este artículo.

Dentro de la oposición organizada en Cuba hay grupos que no tienen vínculos con EE.UU., que han mantenido posiciones verticales frente a la injerencia norteamericana y que plantean alternativas de corte socialistas, en ocasiones más socialistas que las que el propio gobierno cubano propugna. Pero son grupos tan reprimidos y coactados como cualquier otro. En esta misma línea de análisis, durante la primera mitad de los 90, en medio de la más dura crisis económica, la sociedad cubana vivió un momento de debate protagonizado por grupos académicos, ONGs emergentes, atisbos de movimientos comunitarios autónomos, etc., y que en todos los casos se proponía ofrecer ideas para la reproducción del sistema socialista en la isla. Fue un debate alentado por acciones innovadoras adoptadas por el Gobierno, sea en el campo político o económico. Pero ese debate fue duramente cercenado por las autoridades desde mediados de 1995, utilizando, curiosamente, argumentos cualitativamente similares a los que se usan hoy contra los opositores. Y al hacerlo, el gobierno cubano desplazó el debate crítico inevitablemente hacia la derecha, negativo en términos lógico-formales para un proyecto político que se denomina de izquierdas, pero perfectamente entendible para un modo de hacer la política que no admite competencias legítimas en la producción de ideas. Y siempre un campo crítico derechista y sospechoso de relaciones con EE.UU. puede ser reprimido y sobre todo anatematizado con mayor aceptación pública.

La principal preocupación del gobierno cubano no es la oposición organizada en sí, sino que ésta pueda conectarse con los espacios crecientes de descontento y desmovilización que hoy caracterizan a la sociedad cubana. En las pasadas elecciones, por ejemplo, algo más de 10% de los electores (un millón de personas) desafió en voto secreto el mandato del Gobierno de votar por todos los candidatos presentados (según el eslogan propagandístico, la única manera de votar «por la patria, la revolución y el socialismo») [Las elecciones nacionales y provinciales en Cuba se realizan sobre listas que presentan un solo candidato por puesto, por lo que los votantes solamente tienen la opción de no votar por algunos candidatos. Curiosamente, si una persona votara contra todos los candidatos la boleta sería considerada nula. La información estadística mencionada puede hallarse en http://www.granma.cubaweb.cu], sea anulando sus boletas, votando blanco, no votando o simplemente votando por solamente algunos de los candidatos. Y si no lo hicieron más personas, es porque la mayoría de la población ha optado por soluciones individuales y un intenso ejercicio de la simulación, que no le impide participar en las demostraciones políticas a partir de un simple cálculo de costo/beneficio [argumento sobre esto a partir de resultados de encuestas practicadas en Cuba, en mi artículo «Cuba, la gobernabilidad en la transición incierta» en Los recursos de la gobernabilidad en la Cuenca del Caribe, Nueva Sociedad, Caracas, 2002].

Esta preocupación cardinal es la que explica la desproporción de las respuestas gubernamentales a los magros avances públicos de la oposición. El pasado año, por ejemplo, una coalición de pequeñas organizaciones encabezada por el democristiano Oswaldo Payá, logró colectar 11.000 firmas de apoyo a una iniciativa legislativa de apertura económica y política que fue finalmente presentada al Parlamento. Este proyecto –bautizado como Proyecto Varela– hubiera pasado sin ser conocido por la opinión pública de no ser por la presentación que de él hizo James Carter ante la televisión nacional durante su visita a la isla. La respuesta inmediata del gobierno cubano fue convocar a una reforma constitucional sometida a referéndum con voto abierto, y que declara inmutable al régimen político cubano. Probablemente la declaración pública antimarxista más contundente desde los tiempos del «fin de la historia» de Francis Fukuyama. Y por supuesto, ello también explica la desproporción de repartir más de un milenio de cárcel entre 75 opositores mediante procesos sumarios.

En otras palabras, no se trata de que la oposición organizada sea fuerte. En realidad es débil, con muy poco arraigo social, y –considerando las excepciones de rigor– oportunista e incapaz de producir un programa coherente. Si el gobierno cubano puede reprimirla alegremente es porque los costos internos de la tolerancia son mayores que los de la represión. Se trata de que el sistema político cubano es duro, pero frágil. El Estado se encuentra en una compleja posición en la que debe atender las nuevas demandas provenientes de los circuitos de acumulación mundial a los que desea insertarse en un contexto geopolítico desfavorable, y al mismo tiempo atender las demandas provenientes de la alianza social básica del proyecto revolucionario. Y aspira a hacerlo sin renunciar a un proyecto de poder burocrático, estatalista y centralizado que no admite competencias y que busca infructuosamente aquello que el propio Partido Comunista denominara en una ocasión «el afán irreal de la unanimidad». En resumen, la principal razón de tensión del sistema político cubano es que impone a sus ciudadanos y ciudadanas un nivel de subordinación en abierta contradicción con la riqueza cultural y educativa que estas personas han adquirido en el propio proceso revolucionario. Por lo que habría que considerar que la Revolución cubana está sufriendo el resultado de sus propios logros y virtudes.

El siempre ardiente problema migratorio
El tratamiento al problema migratorio no es diferente. El gobierno cubano afirma con razón que EE.UU. ha utilizado el asunto migratorio como tema desestabilizador contra Cuba, un ejemplo de lo cual es la Ley de Ajuste Cubano –conocida oficialmente en Cuba como la Ley Asesina–, que otorga facilidades de entrada y residencia a los migrantes cubanos en la consideración de que son prófugos del comunismo. Pero remitir el incremento del flujo migratorio hacia la Florida a la existencia de esta ley parece poco razonable. Si bien es cierto que la Ley de Ajuste es un incentivo, no es creíble que lo sea por sí sola como para tomar una balsa improvisada y cruzar con ella el estrecho de la Florida bajo la codiciosa mirada de los tiburones. Los cubanos emigran bajo las mismas motivaciones que los dominicanos, mexicanos y salvadoreños, quienes no tienen leyes propias de «ajustes». Y en los años 80, cuando la sociedad cubana experimentaba crecimientos económicos notables y una expansión del consumo individual y colectivo, los cubanos casi no emigraban, aunque había Ley de Ajuste en sus beneficios.

También se argumenta que EE.UU. ha manipulado los acuerdos migratorios y ha sido lento en la provisión de las 20.000 visas que debe conceder cada año, según el acuerdo migratorio firmado en 1994. Pudiera ser así, pero aunque el gobierno norteamericano satisfaciera el acuerdo con lealtad puritana, ello no sería la solución al problema. Téngase en cuenta, por ejemplo, que en el último censo de peticionarios de visas que hizo la Oficina de Intereses, aplicaron algo más de 700.000 personas de un universo clasificable de algo menos de tres millones, por lo que si EE.UU. otorgara las visas estipuladas y asumiendo que nadie más se agregará a la lista, estas personas tardarían hasta 35 años en recibir su derecho a emigrar. No es evidentemente un problema que se pueda resolver fusilando secuestradores y poniendo más celo en el cuidado de las naves cubanas. Por otra parte, ningún análisis serio sobre el tema puede desconocer que el gobierno cubano también ha usado la migración como un arma política contra EE.UU. u otros regímenes políticos hostiles. El manejo de las crisis suscitadas en La Habana por la invasión de embajadas extranjeras por parte de ciudadanos cubanos desde los lejanos años 80, es un ejemplo de ello. Pero sobre todo el utilitarismo que ha caracterizado al manejo gubernamental de las explosiones migratorias. En 1994, por ejemplo, el gobierno cubano consintió una estampida de balseros hacia la Florida con el objetivo de obligar al gobierno de Clinton a firmar un nuevo acuerdo migratorio. Durante varios días era posible presenciar en la costa norte occidental de Cuba cómo zarpaban miles de endebles balsas repletas de personas con la total anuencia de las autoridades, las mismas que unos días antes encarcelaban a los emigrantes ilegales. Muchas de estas personas no llegaban a sus destinos.

La migración legal no escapa de estos usos y de otros relacionados con el control político interno. Durante mucho tiempo el gobierno cubano prohibió casi totalmente las salidas del país por razones privadas, argumentando imperativos geopolíticos. Esto fue lamentable. Pero desde fines de los años 80 comenzó a vender ese derecho a sus ciudadanos, mediante pagos astronómicos para un bolsillo común en Cuba, lo cual es aún más triste. Y siempre mediado por un «permiso de salida» reservado al buen sentido de las autoridades de migración. Toda migración está supeditada a la figura del «no retorno», de manera que si un migrante opta por la salida «definitiva» o permanece durante más de 11 meses en otro país, pierde de inmediato sus derechos ciudadanos en Cuba y requiere de una visa especial para visitar al país en que nació, por la que debe esperar más tiempo que un ciudadano extranjero que desee visitar Cuba. No hay una ley migratoria, de modo que todo este andamiaje restrictivo se organiza en torno de reglamentos y disposiciones discrecionales que convierten al potencial emigrante en alguien especialmente vulnerable. El tema migratorio en Cuba es sumamente complejo e implica responsabilidades de todas las partes que no son aprensibles mediante el pensamiento simple que caracteriza a algunos análisis. Cuando menos sería conveniente que el gobierno cubano abriera un poco las ventanas de esta habitación saturada de humo.

Sin tiempo para quedarse
Nada de lo hasta aquí afirmado implica aceptar en cualquier grado la legitimidad norteamericana para criticar a Cuba o para aplicar políticas contra este país. Estados Unidos es el principal perpetrador de violaciones de derechos humanos en el mundo y su política de acoso es un excelente estímulo para la proliferación de rasgos autoritarios en el sistema político cubano. Acciones diplomáticas contra Cuba como la ya acostumbrada condena en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU es ilegítima e injusta, sencillamente porque es una manipulación por parte de EE.UU. y sus aliados para utilizar un organismo del tan vapuleado sistema internacional para fines particulares. De igual manera, ningún razonamiento crítico sobre la contemporaneidad cubana puede omitir los impresionantes logros sociales y políticos alcanzados por esa sociedad. No puede obviar el significado de la equidad social alcanzada y de la voluntad del gobierno cubano para preservarla y para asumir su responsabilidad universal con el bienestar de la comunidad nacional. No puede desconocer su vocación internacionalista, que hoy se expresa en la asistencia a numerosos países del Tercer Mundo. No puede, en resumen, pasar por alto el escollo que para la ofensiva capitalista mundial implica la propia existencia de una revolución de liberación nacional y vocación socialista. Pero al mismo tiempo, para quienes son solidarios desinteresados de ese proyecto frente a la hostilidad de EE.UU. y sus aliados, la crítica a sus rasgos negativos, justamente aquellos que niegan su contenido socialista, es imprescindible, a contrapelo de los arrogantes partisanos que ven las 30 monedas de plata en cualquier opinión diferente. No se trata únicamente de condenar los actos represivos de esta fatal coyuntura, sino de condenar el clima de intolerancia dogmática que hoy caracteriza al sistema político cubano.

La suposición muy común en el discurso oficial (y oficioso) cubano acerca de la virtual confabulación de toda crítica con los aprestos hostiles norteamericanos y eventualmente con una agresión, es sencillamente falsa y oportunista. En primer lugar, porque la inminencia de una agresión militar a Cuba es un dato exagerado. En los tiempos actuales compartir el globo terráqueo con los fanáticos fundamentalistas que residen en la Casa Blanca siempre implica un riesgo de exposición. Cuba afronta ese riesgo de manera amplificada por su inclusión, desde hace ya un decenio, en la lista de países terroristas, o más recientemente en un «eje del mal» anunciado en uno de los excesos disléxicos del presidente norteamericano. Pero nada indica que Cuba afronte la inminencia de una agresión militar, ante todo por los altos costos que ello implica frente a la magra magnitud de los beneficios. Y en este sentido Cuba no es una prioridad. Y en segundo lugar, porque lo que sí hace a Cuba más vulnerable en el plano internacional es la aplicación de acciones represivas como las aquí analizadas y el continuo inmovilismo de sus sistemas económico y político. No conozco un solo caso en que la derecha internacional haya tenido necesidad de utilizar los argumentos críticos de la izquierda para alcanzar un objetivo. Es como imaginar a Krasnov y Denikin agitando los planteamientos críticos de Rosa Luxemburgo hacia los bolcheviques para justificar la agresión contra la Rusia soviética. Aunque sí conozco muchos en que la derecha ha utilizado –con la habilidad de siglos que le caracteriza– los errores prácticos de esa izquierda.

Si como afirmaba José Martí, y gusta a los cubanos proclamar con justificado orgullo, quien se levanta con Cuba se levanta con el mundo, entonces habría que aceptar que se trata de un compromiso que tiene que trascender los apegos carismáticos, los consuelos ideológicos y los pensamientos simples. No creo que alguien tenga respuestas inequívocas para los problemas de la sociedad cubana contemporánea, y que esta coyuntura ha condensado de manera realmente cruel. Pero estoy seguro de que ninguna solución provendrá del pensamiento simple que motiva por igual la retirada de Saramago y el impenitente acompañamiento de Petras. Debe provenir de toda la sociedad, de un debate democrático y soberano que solamente corresponde hacer a los cubanos. Recordando una oración de un antiguo himno emancipatorio: «sin César, ni burgués, ni rey».

Santo Domingo, mayo de 2003

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